Mantener una participación política activa de los ciudadanos es un objetivo de la ley.
De ahora en adelante, el Gobierno de la Ciudad de México implementará un proceso de consulta ciudadana para grandes construcciones, previo a otorgar cualquier permiso de impacto urbano e impacto ambiental. Esto con el objetivo de obtener la opinión de los habitantes del área sobre los impactos generados y la manera de atenderlos.
Estarán sujetos a proceso, aquellos proyectos que tienen un polígono de actuación y fusión de predios a partir de los 5 mil metros cuadrados, las construcciones en una superficie de terreno a partir de 5 mil metros cuadrados, construcciones totales a partir de 100 mil metros cuadrados, proyectos que impliquen centros comerciales, de espectáculos o similares, o aquellos proyectos donde se presente alguna comitiva vecinal.
Foto Capital CdMx
Esto para obtener la opinión de las personas que habitan el sitio donde se desarrollará el proyecto, de manera que puedan valorarse los posibles impactos de estos proyectos y la manera en la cual se pueden mitigar, contener, compensar. Este proceso tendrá varias etapas: la primera será cuando ingresa el proyecto al Gobierno de la Ciudad, donde la autoridad lo pondrá a disposición de los habitantes en el sitio web del gobierno local y en módulos informativos cercanos a donde el proyecto se desarrollaría.
Además de que el propio desarrollador publicará este proyecto en un medio de difusión de amplia circulación, donde se establecerían fechas, horarios y sitios en los cuales se desarrollarían las actividades de este proceso de consulta.
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Este primer proceso implica reuniones y de talleres con vecinos de la zona, y una encuesta para recuperar las opiniones, preocupaciones, también las solicitudes y propuestas, comentarios y ajustes posibles al proyecto.
En caso de que no hubiera una construcción de acuerdos con los vecinos, se seguirá con una siguiente etapa, donde se hacen nuevamente reuniones para recuperar la opinión en módulos de recepción, además de hacerse entrevistas a profundidad, de manera que vuelva a buscarse una construcción de acuerdos. Si hay acuerdos continúa el proceso de autorización; en caso de que no suceda, hay una tercera etapa de foros y reuniones para buscar la construcción de acuerdos y llegar a una autorización.
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En caso de no llegar a un acuerdo pleno del proyecto, se reinicia todo el proceso hasta llegar a una construcción de acuerdos en total acuerdo a cabalidad del proyecto y los deseos de los vecinos. Con esto se busca que nunca haya un gran desarrollo donde no se consulte a los vecinos en la Ciudad de México, y generar acuerdos entre el desarrollador y los vecinos donde se va a construir, dando certeza jurídica al desarrollador. Pese a las protestas de los legisladores de oposición, esta nueva Ley de Participación Ciudadana quedó aprobada y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Esta nueva ley, también establece que los ciudadanos pueden dar su opinión sobre programas, obras y proyectos de gobierno, así como el desempeño de funcionarios públicos; además de dar respuesta a solicitudes o cuestionamientos de la ciudadanía. También incluye la posibilidad de quitar del cargo a funcionarios electos mediante una votación realizada sólo por el Instituto Electoral y tendrá que solicitarse por al menos del 10% de las personas en la lista de electores; para que sea válida deberán participar al menos el 40%.
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Asimismo, los ciudadanos podrán proponer la creación, cambio o derogación de leyes o decretos ante el Congreso capitalino. La propuesta deberá ser respaldada por al menos el 0.13% de las personas inscritas en la lista nominal. Se podrán presentar iniciativas sobre cualquier asunto público, salvo asuntos penales, tributarios y de derechos humanos.
Los ciudadanos podrán proponer proyectos para mejorar espacios públicos, infraestructura urbana, obras, servicios o actividades deportivas y culturales para sus colonias. Las alcaldías deberán asignar el 4% de su presupuesto anual y a partir de 2020 se aumentará un 0.25% cada año hasta 2023. El 50% de los recursos se distribuirá de forma proporcional entre todas las colonias, mientras el 50% restante a partir de factores como la pobreza, incidencia delictiva y cantidad de población.
Los ciudadanos también pueden aprobar o rechazar decisiones públicas de la Jefatura de Gobierno o de las alcaldías mediante una votación. La Asamblea ciudadana tiene que ser pública y abierta, y podrán participar todos los habitantes y vecinos del territorio. Tendrán derecho a voto quienes cuenten con credencial de elector y también los jóvenes de 16 y 17 años, quienes deberán de presentar su CURP y una identificación personal. Su propósito es evaluar programas, políticas y servicios públicos, además de realizar consultas ciudadanas.
Por último, los habitantes podrán evaluar el desempeño de sus autoridades y recibir informes sobre su gestión, a través de una plataforma. Ojalá que de este modo, podamos lograr una mayor participación ciudadana.
Foto destacada El Diario de Coahuila